Nos vemos en los tribunales

Llevamos tiempo observando cómo la Administración se empecina una y otra vez en hacer de su capa un sayo, tomando decisiones no sólo absurdas, sino de dudosa legalidad. Probablemente, a la vista de las tasas judiciales de Gallardón, el Gobierno es consciente de que a la plebe cada vez le va a resultar menos rentable y posible económicamente meterse en bretes judiciales, así que es capaz de defender lo indefendible con tal de ahorrarse unos durillos o de, simplemente, salirse con la suya.

 

Afortunadamente, hay veces que los tribunales se aburren también de esa actitud gubernamental, y les sacan los colores. Así, en el Diario de Navarra de hoy, hemos podido leer tres noticias con sentencias de “ese pelo”:

La primera de ellas, recurrible en el Tribunal Supremo, condena al Gobierno de Navarra a pagar 569.401,00 € a una afectada por la legionela originada en 2006 en las torres de refrigeración de la sede del Departamento de Economía y Hacienda. Además, por lo que hemos podido leer en la noticia, se pone en entredicho al abogado de la Administración, al no haber aportado ni solicitado pruebas periciales especializadas, limitándose a criticar sin argumentos técnicos a la especialista designada por el Tribunal, según reza el fallo.

La segunda es otra sentencia anulando un cambio que hizo el Gobierno en una oposición a Policía Foral de 2010, que modificaba sustancialmente las bases de la convocatoria. La sentencia, que también es todavía recurrible, obliga a revisar la lista final de admitidos, pudiendo afectar a personal que ya está trabajando en el cuerpo y a aspirantes que no fueron admitidos.

Y la guinda es la sentencia que va a obligar al Gobierno a pagar unos 250.000,00 € por un asunto que causa sonrojo: unos expedientes de renta básica fueron denegados al aplicárseles una ley que todavía no estaba vigente en el momento de presentación de las solicitudes. En este caso, el Departamento de Políticas Sociales ha anunciado que acata la sentencia.

Está claro que en la actitud del Gobierno hay algo que no parece lícito y que debería ser incluso punible. Alguien debería decirle a la Administración que sus actos se ajusten a la ley y que, en caso de haberlos, los recursos se resuelvan con objetividad, que ya vale de provocar contenciosos. Por no hablar del coste que suponen esos procesos a las arcas forales. Ahí tiene una vía de actuación Gallardón, la solución para reducir los pleitos no es a golpe de talonario sino fomentando la sensatez y la justicia desde la primera decisión administrativa.

Hay un refrán que dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, y también un principio que indica que la vía judicial debe ser la última instancia a la que recurrir para resolver un conflicto. Pues lo dicho, que a ver si el Gobierno se aplica el cuento, o hay alguien que le obliga a aplicárselo. De lo contrario, visto lo visto, “nos vemos en los tribunales”.