No le falta razón a quien defiende que, en un momento de crisis como el actual, podríamos ahorrarnos el coste de la figura del Defensor del Pueblo de Navarra, siendo éste un órgano meramente consultivo y más teniendo la misma cobertura a través del Estatal. Sin embargo, hay que recordar que precisamente porque estamos en unos momentos tan difíciles en los que la Administración se ceba y ensaña con los sufridos ciudadanos de a pié, es cuando más necesitamos que haya un órgano “independiente, imparcial, objetivo, gratuito, de fácil acceso para los ciudadanos, que supervise la actividad de las Administraciones Públicas de Navarra”, tal y como reza en su propia página web.
Las cifras de 2012 que el Defensor del Pueblo ha presentado ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra, están ahí: de las 1.298 quejas recibidas, 414 fueron por la supresión de la extra de los empleados públicos; un 38,83% de las quejas lo han sido en materia de Función Pública; un 10,55% en materia de políticas sociales, asuntos sociales o bienestar social (renta básica, protección de la familia, dependencia, protección de menores…); y no con menos intensidad quejas en materia de educación y sanidad.
A la vista de las materias, de la especial sensibilidad de algunas de ellas, creo que Navarra no puede permitirse el lujo de prescindir de esta figura que, a pesar de no tener poder ejecutivo, es garante de los derechos de los ciudadanos frente al rodillo de la Administración. Y si el problema es precisamente su mero carácter consultivo, no por ello deberíamos eliminar su figura sino, en todo caso, motivar y provocar el respeto del resto de Instituciones a las que supervisa dotándole de algún grado de ejecutividad.
Desde el Sindicato SPA hemos fomentado y acudido en muchas ocasiones al Defensor del Pueblo de Navarra buscando su amparo. No siempre lo hemos conseguido, pero queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento a Javier Enériz y a la docena escasa de trabajadores de la Institución.
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