Está claro que el Gobierno ya no se conforma con recortar condiciones laborales y servicios públicos, y está decidido a ir más allá. Así que el siguiente paso es atentar contra la tan molesta "separación de poderes", uno de los pilares del Estado del que apenas quedan ya vestigios, sobre todo en el poder legislativo. La nueva vuelta de tuerca ha llevado a la Comisión de Justicia del Congreso, por supuesto que con la oposición de la ídem, a aprobar la subida de las tasas judiciales en el orden contencioso-administrativo, el civil y el social. Dice el Gobierno que la medida tiene un mero carácter recaudatorio, pero sabemos que no es así. La finalidad última es eliminar de cuajo el acceso del populacho al exiguo amparo que aún podía obtener del poder legislativo. Los funcionarios tendremos que soltar la gallina si queremos defendernos de las actuaciones de nuestros gobernantes en el contencioso-administrativo, y los trabajadores en general también tendrán que sacar la cartera para acudir al social. Pero todos sabemos que no será así, que lo que sucederá es que los simples mortales no podremos acceder a la tutela judicial. Una víctima más de la déspota carroña política que nos gobierna. Descanse en Paz.
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