La Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, publicada en el BON número 65 del 04.04.2011, modificaba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, con el objeto de incorporar al mismo al personal de Justicia. Esta era una de las históricas reivindicaciones de este personal, transferido al Gobierno de Navarra desde el año 1999, y que todavía se regía por la Ley Orgánica del Poder de Justicia.
No obstante, la alarma ha saltado entre el personal afectado, ya que el Estado considera que la citada Ley Foral interfiere en las competencias del Estado. En concreto, el Estado defiende que la Ley Orgánica del Poder de Justicia es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, y que, por tanto, el Gobierno de Navarra no puede aplicar su Estatuto de Personal para temas retributivos, compensatorios, guardias, calendarios y otros.
Por el momento, con el fin de evitar que la Ley Foral acabe en el Tribunal Constitucional, las dos administraciones tratarán de acercar sus posturas, para lo que han creado una Junta de Cooperación en la que dirimir sus diferencias.
La cuestión es compleja, por el precedente que pudiera constituir el que Navarra dejara de aplicar una norma de obligado cumplimiento, a no ser que se esgrima lo de siempre, el caracter esencial frente a lo básico, eterna discrepancia que siempre se usa interesadamente para lo que más convenga en cada momento.
Y mientras tanto, el personal en vilo, preguntándose aquello de "¿Y tú de quién eres?, de Marujita ...".
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