Ya hemos denunciado aquí en varias ocasiones las diferentes posturas que toma el Gobierno de Navarra en defensa de la singularidad del régimen foral con respecto al Estado, siempre en función de sus intereses. Por eso echamos de menos en su momento que se defendiera nuestra competencia exclusiva en temas de Función Pública cuando el "zapaterazo" recortó y congeló los sueldos del sector público. También echamos de menos que se adaptaran ciertos beneficios que la Ley del Empleado Público reguló, como por ejemplo el cobro de la antigüedad del personal contratado y los días festivos adicionales por antigüedad. Tampoco ha tomado ejemplo dictando un nuevo Estatuto de Personal para Navarra, tal y como lo ha hecho ya el Estado y otras Comunidades, adaptándolo a las nuevas circunstancias tecnológicas y educativas actuales.
Además, su postura de no negociar ha llevado a los sindicatos a verse obligados a acudir a los tribunales para intentar adaptar esas modificaciones estatales a nuestras propias regulaciones. La antigüedad de los contratados se ha regulado en Navarra por la existencia de innumerables sentencias desfavorables al Gobierno de Navarra, lo que les ha llevado a tener que coger el toro por los cuernos y redactar una regulación propia. Pero además de tarde lo han hecho mal, y al no reconocer el caracter retroactivo del derecho desde la entrada en vigor de la norma estatal, no han hecho sino provocar un nuevo aluvión de contenciosos. El tema de los días festivos adicionales por antigüedad lo tiene este Sindicato en los tribunales, a la espera de las sentencias del contencioso.
Cuando interesa, las normas estatales no son de aplicación inmediata en Navarra, dada su peculiaridad, pero en otras ocasiones se sigue a pié juntillas lo que se decide en Madrid, y en otras la defensa de nuestro régimen se lleva hasta las últimas consecuencias hasta el Constitucional.
El último ejemplo lo tenemos con la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Estado en relación a la norma navarra que permite a las entidades locales endeudarse para acometer inversiones en infraestructuras básicas. Admisión a trámite que además supone la suspensión cautelar de la norma navarra, lo que, según dice el Gobierno Foral, llevará a nuestras entidades locales a "poner en peligro las inversiones en marcha, generando una gran inseguridad jurídica que además perjudicará al empleo y a los servicios básicos que recibe el ciudadano".
No vamos a entrar en el fondo de la cuestión porque no es nuestro cometido. Pero sí queremos denunciar la actitud del Gobierno de Navarra, que en este tema ve "un agravio y un ataque a nuestro régimen foral y a nuestro autogobierno", y no lo ve en esos otros asuntos que hemos mencionado, simplemente porque no le interesan. Las gamazadas ahora son a la carta, algunas sí y otras no. No les tiembla el pulso cuando nos aplican la reducción y congelación de nuestros sueldos al dictado del Estado, ni cuando aplican decisiones estatales como la de congelar plantillas y no convocar ofertas públicas de empleo que reduzcan la temporalidad en la Administración. Tampoco les tiembla el pulso cuando no adaptan a nuestra normativa los beneficios del Estatuto del Empleado Público estatal. Se les hincha y deshincha la vena a su antojo.
Y, utilizando las mismas justificaciones del Gobierno Foral sobre el tema de las Entidades Locales, pregunto: ¿no supone una gran inseguridad jurídica firmar un Acuerdo con los trabajadores y, dos meses después, romperlo bajando los sueldos para el 2010, congelándolos para 2011 y recortando la amplia oferta pública de empleo pactada? ¿No supone un perjuicio al empleo y a la calidad de los servicios que recibe el ciudadano el que se estén recortando las contrataciones y la plantilla orgánica en el sector público? De lo único que estamos seguros es que la calidad del servicio público no se verá mermada por la actitud del empleado público, que a pesar de ver recortados sus derechos una y otra vez, seguirá al servicio del ciudadano, sabiendo siempre que esa es su obligación, por mucho que otros se empeñen en deteriorarlo con la única misión de destruirlo para privatizarlo después.
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