Una vez más nos vemos obligados a denunciar la gestión de los servicios públicos que se está realizando en la Administración, de lo que se deduce que el asunto no mejora, sino más bien al contrario.
Todos los que trabajamos en la Administración sabemos qué se esconde detrás de las encomiendas de servicios a las empresas públicas. Parece que los únicos que no se enteran, o no se quieren enterar (ye, ye), son quienes tienen el encargo de controlar la gestión de la Administración, léase Parlamento, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, etc., y, probablemente por desconocimiento, la prensa y la opinión pública en general.
Así que, para que no se queden con la mosca detrás de la oreja, vamos a intentar explicarlo nuevamente desde este boletín informativo.
El punto de partida es saber qué tipo de gestión de servicios públicos quiere el Gobierno, pero claro, esto no nos lo va a decir así, de golpe y porrazo. Ya no es sólo la cuestión de si queremos una sanidad y una educación públicas, que son las que más se complementan con el sector privado, sino quién queremos que gestione las subvenciones, inversiones, servicios sociales y demás funciones propias de la actividad pública.
El Gobierno de Navarra lleva ya años privatizando el sector público (todos recordamos el servicio de imprenta, los servicios informáticos, etc., etc.) y ahora, poco a poco, vemos como se encomienda a sociedades públicas o semipúblicas la gestión funcionarial propia de la Administración: resolución de expedientes de subvenciones, promoción de inversiones, gestión de expedientes sancionadores, y un sinfín de “asistencias” que ocultan una contratación precaria y que se escapa a la normativa de ingreso y provisión de los puestos de trabajo públicos.
La trama comienza con la decisión del Gobierno de Navarra de controlar y reducir el capítulo I presupuestario, el de gastos de personal. Las plantillas se congelan negándose la creación de nuevas vacantes, no se cubren con contratos las que existen, y las oposiciones que se declaran desiertas o que no llegan a cubrir las vacantes son cada vez más numerosas.
Con ello se consigue una degradación en el servicio prestado (expedientes que se amontonan sin resolver y que llegan incluso a caducar, retrasos en su resolución, bibliotecas que se cierran por falta de personal, centros de salud que echan la persiana) y, ante las críticas que estas situaciones provocan, llega la solución: la búsqueda de apoyo externo.
Y aquí es donde entran los expedientes de contratación a empresas privadas y las encomiendas de servicios a sociedades públicas. De entrada, con ellos se nos escapa ya el control de los principios de igualdad, mérito y capacidad en que se basa la selección de personal de la Administración, se rompen todos los derechos y obligaciones del empleado público (retribuciones, licencias y permisos, etc.) porque no se les considera empleados públicos, y se consiguen unos contratos precarios para desempeñar el mismo trabajo que si de funcionarios se tratara.
Y de paso, dotamos de contenido a tantísimas empresas y sociedades públicas que existen en la actualidad y que se dedican a labores que nada tienen que ver con sus principios fundacionales.
Un inciso. ¿Qué está haciendo la “Corporación Pública Empresarial de Navarra SLU”, que se iba a encargar de racionalizar, coordinar y optimizar la eficacia y eficiencia del patrimonio empresarial público de la Comunidad Foral de Navarra?
Sigamos. Y, por supuesto, incrementamos el número de cargos de libre designación para la dirección de toda esa estructura pública paralela, que tanta falta nos hace para agradecer servicios prestados.
Lo malo es que encima no es nada barato, porque tenemos que pagar el IVA de los servicios (que para más “inri” ahora ha subido mientras que los sueldos públicos han bajado), además de los beneficios industriales para las empresas contratadas (que, además, en muchos de los casos, subcontratan a su vez estos servicios a otras empresas).
Así que únicamente conseguimos cambiar la codificación presupuestaria con que hacemos frente a lo mismo, encareciendo además su coste.
Por eso nos sorprende cuando vemos noticias en la prensa de alguno de esos órganos de control, cuestionándose no sé qué encomienda, y nos irrita comprobar cómo, una vez más, únicamente se denuncian pecadillos veniales, sin entrar jamás al fondo de la cuestión.
Cualquier modelo de gestión es defendible hoy en día, el público, el privado, e incluso la mezcla de ambos, pero no podemos permitir esa indefinición ideológica que ya no es que eche tufillo, sino que apesta a privatización.
Fue la propia Administración la que engendró esa criatura, es la propia Administración quien provoca que crezca y se reproduzca, y será la propia Administración quien acceda gustosa a ser devorada por ella.
Y así el nuevo macho dominante, que ¡ojo! ya es toda una “Administración Paralela”, se convertirá en el gestor de los fondos públicos, sin las ataduras de las leyes, normas, reglamentos y principios, y dejando vía libre al amiguismo y la corrupción.
Como ya decíamos en otro de estos boletines informativos, allá por el mes de marzo del 2008, la extinción del “funcionarius foralis” está a la vuelta de la esquina.
Pellizcaros, sin miedo. Parece una película de ciencia ficción o una pesadilla, pero lamentablemente no es así. En esta película, nosotros sólo hacemos el papel de una “ONG” que trata de concienciar a la sociedad para conseguir salvar la especie, si es que queremos conservarla claro.
Nosotros sí, ¿y vosotros?
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