El
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado los artículos del
decreto foral del euskera sobre la valoración del vascuence como mérito para
cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta,
la zona no vascófona y los puestos de los servicios centrales de la
Administración de la Comunidad foral cuando el ingreso se realice por concurso
oposición.
En
la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJN estima parcialmente el recurso interpuesto
por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo al considerar
que “la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que
no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales conlleva una
discriminación en la provisión de puestos en la Función Pública
que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en
la valoración del idioma en relación con los puestos de trabajo en los que este
mérito pudiera no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a
la realidad sociolingüística del ámbito territorial correspondiente”.
De
igual forma, los magistrados han anulado los artículos referentes al uso del
euskera por parte de los servicios centrales de la Administración en relación a
las notificaciones y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, en los impresos
y escritos oficiales, en los rótulos de oficinas y despachos, en los uniformes
y vehículos, en los avisos, folletos, anuncios y publicidad, así como en los
elementos informativos de la señalización viaria de la red de carreteras.
En
este sentido, el Tribunal Superior sostiene que en los servicios centrales en
relación al uso del euskera para la determinación del régimen legal de la lengua
“se ha de estar no al criterio del régimen imperante en el lugar donde se ubica
la sede del órgano administrativo (cualquiera que este sea ahora o en el
futuro), sino al criterio, conjuntamente, del lugar de residencia del
destinatario en relación al contenido de la actuación administrativa de que se
trate, ya que la lengua es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo
ha de acomodarse a tal derecho, no a la inversa”.
El
pleito tiene su origen en el recurso presentado por UGT y el Sindicato de Personal
Administrativo contra el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que
se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus
organismos públicos y entidades de Derecho Público dependientes. El sindicato
solicitaba la nulidad del mismo y, subsidiariamente, la nulidad de 20 artículos
(2, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 38, 39),
las disposiciones adicionales 1ª y 3ª y las disposiciones transitorias 3ª y 4ª.
El Gobierno de Navarra, por su parte, abogó por la desestimación íntegra de la
demanda.
Respecto
a los artículos anulados referentes a la valoración del euskera como mérito —de
hasta el 7% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de
méritos y de hasta el 6% en la provisión de puestos por concurso de méritos— en
las zonas mixta y no vascófona, los jueces explican que la exigencia imperativa
contenida en el citado Decreto Foral excluye una valoración individualizada,
racional, proporcionada y adecuada en función de las características del
puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe
atender.
Por
ello, añaden los magistrados, tal previsión debe reputarse “discriminatoria” en
relación a la provisión de puestos de trabajo —cualquiera que sea el sistema de
provisión— y “desproporcionada”, ya que vulnera los artículos 14 y 23 de la
Constitución e infringe el régimen jurídico de las distintas zonas lingüísticas
de la Ley Foral,
por lo que, en consecuencia, resultan nulos.
Al
respecto, el Tribunal rechaza la alegación del Gobierno de Navarra relativa a
que la valoración del conocimiento del euskera solo tiene lugar en los sistemas
de ingreso por concurso oposición.
El
establecimiento de los distintos porcentajes de valoración que establecen los
artículos anulados carece de justificación y motivación alguna. Así, destaca la
Sala, “en el trámite de elaboración del Decreto Foral no existe justificación
ni motivación alguna sobre la necesidad, adecuación y proporcionalidad de los
porcentajes de valoración exigidos en los artículos aquí tratados, en relación
a la realidad sociolingüística que deben atender”.
Al
contrario de lo alegado por el Gobierno de Navarra, el Tribunal Superior
sostiene que no existe estudio ni informe que valore en su conjunto y de manera
motivada los datos (todos) que arroja la realidad sociolingüística de Navarra
en su conjunto y en sus distintas zonas que permitan tener por justificada la
regulación que se realiza en los artículos aquí impugnados. “Y no puede servir
el informe y valoraciones del director gerente de Euskarabidea reseñadas pues
son manifiestamente insuficientes tanto en su contenido, motivación y
fundamento como en la propia toma de datos de los que parten sus conclusiones”,
advierte el Tribunal.
Esta
carencia de motivación y justificación, prosiguen los magistrados, es la que
determina la nulidad de los preceptos, máxime teniendo en cuenta que este
Decreto Foral incrementa los porcentajes de valoración —sin justificación— en
relación con la legislación precedente en la materia que el mismo deroga.
LAS
ACTUACIONES DEBEN ACOMODARSE AL DESTINATARIO
El
Tribunal, asimismo, ha anulado los artículos 20.1 y 20.2, sobre las relaciones
con la ciudadanía, así como el 21.2., 21.3 y 21.4, que regula la rotulación,
los avisos y las publicaciones.
Así,
el artículo 20.1 establecía que “las notificaciones y comunicaciones que se
dirijan de forma general a la ciudadanía deberán redactarse de forma bilingüe.
En el caso de expedientes administrativos iniciados por personas físicas o
jurídicas en euskera, las comunicaciones derivadas de dichos expedientes serán
remitidas a las personas interesadas de forma bilingüe”.
El
20.2, por su parte, señalaba que “los impresos y escritos oficiales que sean de
uso general para toda la población se redactarán de forma bilingüe”.
Asimismo,
el artículo 21.2 anulado regulaba que “los rótulos indicativos de oficinas,
despachos y dependencias, la rotulación de materiales, uniformes y vehículos,
así como los encabezamientos y membretes de los impresos y documentos, los
sellos oficiales, y cualesquiera otros elementos de identificación y señalización
de los servicios centrales, se realizarán de forma bilingüe”.
El
21.3 recogía que “las disposiciones, avisos, folletos informativos, material
gráfico de campañas, publicaciones divulgativas, anuncios y publicidad de toda
clase u otros escritos similares que los servicios centrales dirijan al
conjunto de la población se redactarán de forma bilingüe”.
Y,
por último, el 21.4 indicaba que “los elementos informativos de la señalización
viaria de titularidad pública de la red de carreteras de la Comunidad Foral de
Navarra se redactarán de forma bilingüe”.
En
la sentencia, los magistrados resaltan que la lengua es un derecho del
ciudadano, no de la Administración, y destacan que los preceptos anulados
imponen una redacción bilingüe por el mero hecho de venir emanados de los
servicios centrales y estar dirigidos al conjunto de la población.
La
Sala concluye que el régimen lingüístico de las actuaciones de los servicios
centrales no debe acomodarse a su ubicación, sino al destinatario de su
actuación en cada caso, según la zona lingüística (y el correspondiente régimen
jurídico conforme a la zonificación que prevé la Ley Foral del Euskera).
Lo determinante —el parámetro de legalidad— es el derecho del ciudadano, tal y
como está configurado en la ley.
Así,
el Tribunal Superior reitera que el hecho de que los servicios centrales
desplieguen su función en toda Navarra no permite alterar el régimen de
derechos que establece la
Ley Foral del Euskera para cada zona lingüística, pues la
lengua es un derecho del ciudadano y tiene una concreta configuración legal
para cada zona.
Por
el contrario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la
pretensión de los recurrentes de anular por completo el decreto foral, y,
subsidiariamente, otros artículos sobre definiciones, objetivos esenciales,
delimitación de las zonas lingüísticas, planificación lingüística, acreditación
del nivel lingüístico, derechos adquiridos y otras cuestiones relativas a la
zona mixta, así como sobre el número y características de los puestos bilingües.
