En Mayo pasado, se aprobó una Ley Foral para posibilitar la apertura de un nuevo proceso de funcionarización del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra. Todos los grupos parlamentarios, excepto UPN y PP, votaron a favor de la misma. Esta Ley Foral contenía un error formal en la fecha límite para el proceso (se indicaba el 1 de julio), por lo que en Junio se intentó solventar el susodicho (cambiándolo por el 31 de diciembre).
La sorpresa fue que NaBai votó en contra de esta modificación, al indicar que estaba en riesgo el mantenimiento económico de las entidades locales, porque podía darse el caso de que se funcionarizaran plazas cuyas competencias fueran posteriormente trasladadas a otras administraciones.
En la sesión plenaria del Parlamento de Navarra de ayer, tras el primer intento fallido, se presentaba una nueva propuesta de modificación que incluía el arreglo de la fecha límite y un nuevo artículo en el que, si se modificaran competencias, el nuevo ente que las adquiriera tuviera la obligación de subrogarse en los funcionarios que estaban desempeñando el servicio.
Esta vez ha sido el PSN quien se ha desmarcado de la propuesta, votando en contra junto con UPN y PP, por lo que la modificación de la norma no ha salido adelante. Lo que no tenemos nada claro, por más que escuchamos la intervención de la parlamentaria socialista en la Cámara, es por qué han votado en contra. Según sus propias palabras, el nuevo artículo es "innecesario". Bueno, pues qué más da. Si es innecesario da igual que esté o no esté, pues voten a favor y que se apruebe la modificación.
Creemos que, en el fondo, lo que esconce el partido socialista es su negativa a que se produzca la funcionarización. En Mayo votaron a favor porque era un pequeño obstáculo a la Reforma Laboral del PP pero, seguramente, habrán recibido llamadas de algunas de las entidades locales en donde gobiernan y se habrán echado atrás.
Así que, una vez más, lo único que han hecho es el ridículo más espantoso de este nuevo periodo de sesiones, y poner la crítica en bandeja al Gobierno, que se jacta de lo que supondría para los navarros que gobernase la oposición, si no son capaces de ponerse de acuerdo ni para una simple Ley de artículo único. Lo dicho, un auténtico ridículo al que lamentablemente cada vez estamos más acostumbrados, y que no hace sino separar, más si cabe, al político de la sociedad.
Por otro lado, hay que señalar que la Ley Foral aprobada en Mayo posiblemente sea recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional y que, mientras tanto, a día de hoy, 61 entidades locales se han adherido al proceso, y ya se han producido 29 funcionarizaciones. Lo que está en duda es su seguridad jurídica, por los dos motivos señalados: porque no se ha aprobado la modificación de la Ley ampliando el plazo y por el probable recurso estatal.
Se nota que no es su pan el que está en juego.
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