El Estado, ante la perspectiva de que Bruselas reclame nuevos esfuerzos para la reducción del déficit público, y tras la rebaja aplicada en los sueldos del sector, tiene como próxima prioridad el control de las plantillas. La Dirección General de Función Pública está ya analizando las posibles medidas, por lo que se está iniciando el estudio del tamaño del sector público, la revisión de las plantillas y de los servicios a prestar, y la introducción de criterios de productividad en los salarios. La austeridad reclamada en el capítulo I presupuestario (gastos de personal), descartando una nueva rebaja de sueldos, pasa por el control de las contrataciones y el redimensionamiento de la plantilla, lo que hace peligrar la Oferta Pública de Empleo (OPE) prevista para el año 2011, en la que estaba prevista la consolidación de cerca de un millar de plazas fijas, fundamentalmente para Educación y Salud.
Todos estos temas han salido en el debate sobre funcionarios y sector público organizado por Diario de Navarra, en el que han participado miembros de Función Pública, los sindicatos firmantes del último Convenio del sector, y la Institución Futuro. Las posturas son claras: la Administración reducirá las plazas de las OPE’s, reducirá la contratación para sustituciones, y seguirá con su carrera de externalización de servicios, bien a través de empresas privadas, o bien mediante encomiendas a empresas públicas; la Institución Futuro, alineada con la Administración, da un paso más allá, poniendo en duda el actual concepto de funcionario e, incluso, su carácter vitalicio; los sindicatos se oponen a estas medidas defendiendo la negociación.
Nuestra postura ante esta perspectiva de nuevos ataques al sector, ya la hemos mostrado en diversas ocasiones: no estamos dispuestos a que el déficit público se reduzca únicamente reclamando esfuerzos al trabajador, y exigimos que se complementen con la racionalización del gasto, con una política clara, seria y fundada de inversiones y transferencias corrientes y de capital; no es de recibo acometer únicamente un control del gasto de personal, hay que emprender una revisión total de a qué se destinan nuestros impuestos y hacer una priorización de necesidades de forma racional. Y aquí es donde las materias exceden nuestras labores sindicales y debería aparecer la labor política a través del Parlamento, por lo que deberíamos exigir a los grupos parlamentarios a que, por encima de intereses partidistas, afronten la elaboración de unos presupuestos bajo esos condicionantes descritos. Y ahí es donde está el quiz de la cuestión y, precisamente, donde el sistema nos muestra las carencias de nuestros representantes, entregados únicamente a la labor de airear trapos sucios y rencillas, en lugar de a hacer política y a hacer efectivas las necesidades reales de la sociedad. Ese es el talón de Aquiles de nuestro modelo de Estado, el conjunto de representantes del que nos hemos dotado para ejercer el poder legislativo. De ahí que las encuestas digan que los políticos son ya el tercer problema ciudadano, y que estén ganándose a pulso el puesto más alto del cajón.
Volviendo al control del gasto de personal, la externalización de servicios no produce ninguna reducción en la caja única, sino que se limita a transferir créditos entre capítulos, reduciendo el de gastos de personal e incrementando el de gastos corrientes para hacer frente a la contratación privada o a las encomiendas de servicios, con lo que el montante final sigue siendo el mismo. Además, esta contratación externa favorece la creación de subcontratas y de empleo precario, dejando de lado los principios de mérito y capacidad que defiende el Estatuto de la Función Pública para la provisión de puestos de trabajo.
Otra de las tareas pendientes de la Administración es la racionalización de su estructura organizativa y de la de sus empresas públicas, estructuras infladas para el agradecimiento de servicios prestados y para el establecimiento de gratificaciones económicas suplementarias. Parece que el Gobierno está por la labor, pero tiene ante sí el difícil reto de tener que seleccionar quienes son los agraciados con la pedrea de las prebendas.
Está claro que hay soluciones. Varias y variadas. Si el actual Gobierno no es capaz de afrontarlas de forma clara y razonada, y tampoco las Instituciones de Control, léase Parlamento, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, etc., será la sociedad la que tenga que mover ficha en las próximas elecciones, superando el pasotismo al que nuestros representantes nos han abocado con su gestión.
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