El Gobierno de Navarra, a la vista del Plan de Reordenación y Reestructuración de las Sociedades Públicas de Navarra que ha elaborado la consultora Deloitte, ha adelantado que las empresas públicas que integran la Corporación Pública Empresarial de Navarra, pasarán de 38 a 13, en función de su área de actividad y de su objeto social.
Está claro que esta medida estaba "cantada" desde que se creó la citada Corporación Pública Empresarial de Navarra, cuyo objetivo prioritario era poner orden en todo este entramado paralelo que la Administración ha creado de sí misma. Así que no deja de sorprender que, precisamente en este momento en que se ha hecho pública la medida, los directores y trajadores de las mismas, muestren incertidumbre ante su futuro profesional. Rectifico. Los trabajadores sí, los directivos no lo creo.
Lo que no parece de recibo es que el Gobierno de Navarra haya anunciado la medida de espaldas a la propia Corporación, y sin comunicarlo previamente a los propios afectados, así que han tenido que salir al paso de sus propias declaraciones, con un mensaje tranquilizador que asegura que no habrá despidos. Pero todos sabemos que, en cualquier fusión de este tipo, la reforma organizativa supone también una reestructuración de personal, a todos los niveles. Y si la pirámide reduce su tamaño, ya sabemos quiénes se van a quedar fuera de la misma. Algunos tendrán que mover su sillón, reducir el tamaño de su despacho y de sus sueldos, pero otros se quedarán sin silla y sin mesa, y pasarán a engrosar la lista del paro. Así de claro.
Las empresas públicas suponen un chollo para la Administración, que deja de lado los principios que se supone que garantizan las leyes para que la gestión pública sea impoluta. Bajo el pretexto de agilizar trámites, pueden saltarse a la torera principios como la libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad, mérito, capacidad, etc., y, en muchos casos, se asemejan cada vez más a ETT's que se dedican a contratar personal para desempeñar encomiendas de tareas funcionariales propias.
No obstante, estaremos atentos a cómo se lleva a cabo la reestructuración, porque ya tenemos la experiencia de la que anunció el Gobierno con respecto a la Administración: la supresión de 128 jefaturas, que se ha quedado prácticamente en la eliminación de aquéllas que estaban vacantes, y muchas de ellas sin consignación presupuestaria, lo que minimiza el ahorro obtenido. ¿Y por qué 128? ¿Por qué un número tan poco exacto? ¿Habrían contado las vacantes existentes en ese momento?
Para lo que sí ha servido la noticia es para airear el coste de las dietas que se pagan a los miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas: un millón de euros para cargos de libre designación y miembros del propio Gobierno, alcaldes, concejales, etc., y para los "ex" (ex Consejeros, ex Directores Generales, ex Lo Que Sea) a quienes se "agradecen" los servicios prestados con estos sobresueldos. No obstante, nos hubiera gustado más que, además de "los agraciados", se hubieran publicado "las gracias".
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