El año 2012 está a punto de dar sus últimas bocanadas y los funcionarios seguimos a dos velas, sin saber qué nos depara el futuro más inmediato. ¿Cobraremos la extra? ¿Se nos adelantarán las del 2013? ¿Qué jornada tenemos que hacer el próximo día 2 de enero? ¿Qué crédito sindical tendremos los delegados y representantes?
Preguntas con respuesta posible, pero sin validez alguna, porque las situaciones van cambiando constantemente. Para muestra, un botón: nuestra jornada laboral pasó de 35 a 37,5 horas semanales en julio de 2012; en diciembre, el Gobierno decidió, por Decreto, prorrogar esta jornada durante el 2013; días después, el Parlamento le desdijo y retornó nuestro horario a las 35 horas; el viernes se publicó el calendario de acuerdo a esta última decisión parlamentaria, las 35; pero no sabemos qué pasará el lunes día 31: si el Gobierno no recurre, tendremos 35, si recurre y paraliza la entrada en vigor, volveremos a las 37,5.
Para qué vamos a hablar de la extra: ahora la cobro, ahora no, ahora cobro un sustitutivo, ahora se desvanece, ahora me adelantan las del 2013, ahora están también en el aire de nuevo…
Y el resto de la sociedad anda en las mismas: la ley del copago ha sido recurrida por el Estado, no sabemos qué pasará con la norma de apertura de comercios en festivos ni con las exenciones al impuesto de producción energética.
No llegó el fin del mundo pero sí la nueva era, solo que no es nueva, es un retroceso en el tiempo, la pérdida de todos los logros que fueron conquistando nuestro mayores, y todo ello en beneficio de unos pocos, de los de siempre.
Tal vez los sindicalistas, cargos políticos y responsables de entidades sociales, asociaciones, etc., deberíamos hacer algo similar a lo de los médicos en Madrid: dimitir de todos nuestros cargos como señal de protesta. No somos útiles porque nuestras condiciones laborales ya no se negocian sino que se deciden a golpe de ley y decreto desde Madrid; nuestras Instituciones no sirven para nada porque todo queda en manos del Tribunal Constitucional; nadie escucha la demanda de asociaciones sociales, Ong’s, cada vez con más afectados pero con menos ayudas públicas.
¿Qué impacto podría tener en el prestigio de nuestro Gobierno el que una Comunidad como la nuestra quedara de la noche a la mañana sin Parlamento, sin Ayuntamientos, sin Concejos, sin Mancomunidades, sin representantes sindicales y sociales? Un vacío a todos los niveles, institucional, sindical, social, etc., para denunciar la prepotencia del Gobierno de España, su control de la justicia, su rendición ante el poder financiero, sus recortes, sus injusticias, sus trapicheos, sus corrupciones… No descartemos esa posibilidad. Hay momentos en los que un sencillo gesto puede demoler los pilares, en apariencia, más sólidos.
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