Una de las prácticas habituales del Gobierno de Navarra es hacer gala de las mejores condiciones en que nos encontramos los navarros con respecto al resto de los españoles. Tras el anuncio del Presidente Zapatero del pasado 12 de mayo de las medidas para la reducción del déficit público, tanto Sanz como Miranda e incluso Barcina, han salido a los medios de comunicación para transmitirnos que aquí estamos mejor porque ya habíamos ido haciendo los deberes.
Otras de las prácticas habituales es la de alabar nuestro régimen foral, nuestro amejoramiento y nuestras normas diferenciadas, que el Estado debe respetar. Y en algunos casos incluso declarar contrafuero alguna de las leyes estatales que infieren en las nuestras.
No se entiende, por tanto, por qué el Gobierno de Navarra en ningún caso puso en tela de juicio la aplicación del recorte del sueldo a los funcionarios o por qué no ha hecho como otras comunidades (País Vasco, Asturias, Baleares ...) en las que la rebaja va a ser más moderada a lo anunciado por el Estado, debido a que sus economías están mejor que la de aquel.
El Gobierno de Navarra con las abstenciones en el Congreso que daban luz verde a las medidas e impedían su tramitación por la vía parlamentaria, y con la forma de actuar en la aplicación de las mismas en nuestra Comunidad, ha dejado de ser un mero verdugo obligado por las circunstancias, como nos quiere hacer creer, para convertirse en partícipe del atropello y, por lo tanto, en juez y verdugo, con el mismo grado de responsabilidad.
Las víctimas de este desaguisado, jubilados, funcionarios, etc., tenemos a la vuelta de la esquina la llave para que nada salga gratis a quienes no han sabido gestionar nuestros impuestos y a quienes han permitido, con sus decisiones, hacérnoslo pagar saltándose a la torera acuerdos sindicales y pactos de Estado.
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