Funcionarización

Hace algo más de un año, la mayoría de los sindicatos de la Función Pública nos pusimos de acuerdo para defender la apertura de un proceso de funcionarización del personal contratado laboral fijo de las Instituciones Públicas de Navarra. Realizamos una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios, para presentar y razonar nuestra propuesta, fundamentada como una defensa ante la amenaza de la Reforma Laboral que contemplaba la posibilidad del despido de los trabajadores de ese régimen jurídico. Curiosa forma de crear empleo.

 

La aprobación de la Ley Foral que dio cobertura a la apertura de este nuevo proceso de funcionarización, no ha estado exenta de obstáculos. Primero por la tardanza en su tramitación y la torpeza de la oposición parlamentaria, que obligó a la presentación de una nueva proposición de Ley Foral para la subsanación de un error de fechas. Y segundo a que, increíblemente, la misma oposición impidió la aprobación de su propia modificación, lo que puso en bandeja el consecuente pitorreo del Gobierno, preguntándose en la Cámara qué pasaría si gobernara la oposición, si no se ponían de acuerdo ni para aprobar una Ley Foral de un solo artículo. Premonitorios lodos aquéllos, de actuales opositores barros.

Chapuzas aparte, en el devenir de nuestras Instituciones había habido ya varios procesos de funcionarización similares, e incluso idénticos a este, que nunca habían producido recelo en nuestros representantes políticos, probablemente debido a la escasa o nula incidencia en las arcas públicas. No obstante, en la ronda parlamentaria, ya vimos que en esta ocasión iba a ser distinto porque, al igual que lo que ocurrió con el adelanto de la extra, al Partido Popular no le molestaba el hecho en sí mismo, sino que se intentara legislar para sortear las normas que su propio partido aprobaba en Madrid. Tonterías las justas, debieron pensar.

Así que el Gobierno Central acaba de anunciar la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad con el que ya amenazó en su momento. Lo que más llama la atención es la sensación de que lo hace con insidia, porque en lugar de haberlo hecho entonces, lo hace ahora, cuando los procesos ya están prácticamente finalizados. De las 60 entidades locales que se adhirieron, únicamente 9 de ellas todavía no han resuelto, habiéndose funcionarizado un total de 151 trabajadores. ¡Viva la seguridad jurídica!