En los últimos tiempos, los sindicatos de la función pública hemos mantenido una unión para reivindicar nuestras condiciones laborales: el derecho a la negociación, la libertad de expresión, las protestas por la supresión de la paga extra, el incremento de la jornada, la defensa de los servicios públicos... los recortes y ataques en general, que estamos sufriendo tanto de la Administración Estatal como de la Foral.
Pero hay algunos que no pierden la oportunidad para, de vez en cuando, echar leña al fuego. El último ataque que hemos recibido es debido a nuestra cautela a la hora de establecer una estrategia común para reclamar judicialmente el abono de la paga extra de diciembre del año pasado. Así, AFAPNA, CCOO y UGT no han dudado en lanzarnos acusaciones de que no estamos por la labor, de que renunciamos a defender los derechos del personal laboral, de que únicamente tenemos la intención de "hacer caja"...
Nosotros, como sindicato "pequeño", profesional o no, tenemos clara nuestra razón de ser: no queremos formar parte de esas grandes organizaciones cuyas decisiones se toman no se sabe dónde ni por quién, y que en muchas ocasiones están bajo el paraguas de un partido político del que ni pueden ni quieren desentenderse. En la mayor parte de los casos, lo que nos ha movido a crear nuestras propias organizaciones es precisamente la búsqueda de esa independencia que nos permite decidir en todo momento nuestra postura, sin tener que estar constantemente al dictado de, como digo, no se sabe quién que decide desde su poltrona de no se sabe dónde.
En nuestro caso, lo que hemos dicho desde el principio es que existen dos problemas importantes en el asunto de la reclamación de la paga extra: por un lado, al estar el tema en el Tribunal Constitucional, es más que probable que algunos foros no dicten sentencia a la espera de que lo haga aquél, y que difícilmente vayan a contradecirle; y por otro lado, el asunto de las tasas judiciales aprobadas por nuestro amigo Gallardón, tasas que podrían rondar los 600.000,00 euros.
No podemos asumir ese coste con tan escasas expectativas. Nosotros no, otros tal vez sí. Nosotros no cobramos subvenciones millonarias de los diferentes gobiernos estatales y autonómicos, no cobramos por monopolizar la formación, por reunirnos una o dos veces al año en el CES, por pertenecer a Consejos de Administración de entidades bancarias que han y están hundiendo a este país.
Es lo que tienen las tasas de Gallardón: hace ricos a los ricos y pobres a los pobres: los ricos podrán acceder a la justicia, los pobres no, las grandes empresas podrán, las pymes no, y esa misma confrontación la tenemos en asociaciones, partidos políticos, oenegés y, por supuesto, también en organizaciones sindicales. Las del paraguas seguirán protegidas, las demás tendremos que capear el temporal como buenamente podamos, pero con integridad y dignidad que, como digo, es lo que nos ha motivado a existir frente a lo que ya había.
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