Decretazo Foral

El Gobierno de Navarra ha anunciado su intención de prorrogar para 2014 la aplicación de diversas medidas de recorte en materia de personal. En concreto se trata de la supresión de la prolongación de la jubilación más allá de los 65 años, la supresión de las dietas por razón de la prestación del servicio y el recorte en las tarifas de asistencia sanitaria de la modalidad de “uso especial”, principalmente en óptica y odontología.

Como recordaremos, mediante la Ley Foral 13/2012, fueron aprobados diversos recortes en materia de personal. Algunas de estas medidas fueron tomadas únicamente para su aplicación durante el ejercicio 2012, resultando obligatoria la aprobación de una Ley Foral para su prórroga para ejercicios posteriores. El Gobierno incluyó esa prórroga en el articulado del Proyecto de Presupuestos para 2013 pero, ante el rechazo de los mismos en el Parlamento, se vio obligado a preparar un Proyecto expreso de Ley Foral. El PSN, miembro del Gobierno de Navarra y titular de Función Pública en el momento de aprobación de los recortes, lo que le convertía en coautor y corresponsable de los mismos, no tuvo más remedio que bajarse los pantalones y consentir la aprobación de la Ley Foral 25/2012 que daba cobertura a la prórroga de las medidas.

Este año ha pasado exactamente igual: el Gobierno incluyó la prórroga en el articulado de los Presupuestos para 2014, y de la misma manera la oposición parlamentaria los ha devuelto al cajón. La diferencia estriba en que este año, ante el retraso de la tramitación de los Presupuestos, el Gobierno se ha encontrado con que no tiene tiempo material de tramitar una Ley Foral para aprobar la prórroga de los recortes. Así que no se le ha ocurrido otra cosa que la tramitación de un Decreto Ley Foral, una figura que se incluyó en el Amejoramiento en el año 2010 y que únicamente se ha utilizado en dos ocasiones.

Esta figura está recogida en el artículo 21 bis del Amejoramiento, en el que se deja claro que se trata de disposiciones legislativas provisionales que deben ser convalidadas por el Parlamento en el plazo de treinta días desde su promulgación, y que se utilizarán para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Asimismo, se señalan las materias que no pueden ser objeto de esta figura. De esta forma, nuevamente el PSN es quien tiene la pelota en su tejado decidiendo si seguir siendo cómplice del Gobierno en el mantenimiento de unos recortes pensados para su aplicación durante seis meses y que pueden alcanzar ya los dos años y medio.

Es el momento de que los diferentes grupos parlamentarios muestren su opinión al respecto, primero sobre la idoneidad de la utilización de esta figura legislativa, que choca con las materias vetadas en el Amejoramiento al recortar derechos de los funcionarios navarros y enmendar un articulado fallido incluido en un Proyecto de Presupuestos, y segundo sobre la postura que van a tomar respecto a su derogación o convalidación.